La inseguridad, tanto en Internet como en las calles, es una preocupación central de la industria de las telecomunicaciones.
No sólo porque el robo de celulares ha crecido 6 veces en 6 años y que desde los penales se realizan 4 millones de llamadas de extorsión y secuestro; sino que, además, la delincuencia organizada se ha comenzado a apoderar de la infraestructura de los prestadores de servicios, denunció Gabriel Székely, director de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL).
Durante su participación en el foro ‘México Digital: Innovación y transformación tecnológica para creer con inclusión y equidad’, se refirió a los incidentes en sitios celulares, como robo de baterías, de cables y vandalismo.
"Me encuentro, cuando voy a dar mantenimiento en mi torre, que hay equipo sofisticadísimo, de terceros, no sé quién los dejó ahí; sospecho quién los dejó ahí, sobre todo cuando en otros casos trato de tener acceso a mis instalaciones y hay guardias, o municipales o privados, armados, que me impiden el acceso a mis propias instalaciones", denunció Gabriel Szekely".
Agregó que el robo de celulares pasó de 156 mil en 2012 a casi un millón en 2017.
En el foro, expertos nacionales e internacionales indicaron que, en materia de ciberseguridad, nuestro país saltó de estar reprobado a “pasar de panzazo”.
Representes de la industria y expertos del sector, como Mario de la Cruz, presidente de la Canieti; Jorge Negrete, director de Mediatelecom Policy and Law; Jorge Álvarez, ex subsecretario de comunicaciones de la SCT; Pablo Bello, director ejecutivo de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet); y Aleida Calleja, especialista en comunicación comunitaria, se reunieron durante el foro con Ricardo Anaya, candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ a la Presidencia de la República.
En la reunión se destacó que, en la actualidad, 30 millones de personas inscritos en el padrón electoral no tienen acceso a Internet; que a 4 años de la reforma en telecomunicaciones hay importantes avances, pero insuficientes para cerrar la brecha digital; que no se cumplirán las metas sexenales de penetración y que el esquema fiscal inhibe la inversión y el consumo, dado que por cada peso que los consumidores destinan a servicios de telecomunicaciones, 25 centavos son impuestos.
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