La
corrupción ha dejado cuerpos de seguridad integrados por
“delincuentes con placa” y licencia para violar la ley.
Uno de los propósitos
gubernamentales a lo que más recursos se le ha invertido en el país en la
última década –por lo menos– es el de modernizar a las policías, tarea
particularmente importante en lo que hace a los cuerpos municipales de
seguridad, instituciones históricamente caracterizadas por la improvisación en
la formación de sus miembros.
El problema, es
relevante señalarlo, no es precisamente la improvisación sino su consecuencia
más visible: la generalizada corrupción que ha caracterizado la actuación de
los uniformados, misma que se ha traducido, literalmente, en que contemos con
cuerpos de seguridad integrados por “delincuentes con placa” y licencia para
violar la ley.
Esta característica
justamente convirtió a nuestros cuerpos preventivos en espacios para que la
delincuencia organizada penetrara las instituciones del Estado, y provocó la
crisis de seguridad que vivimos en los últimos años y de la cual no terminamos
de salir.
Por desgracia, según
confirman los hechos, los mecanismos de control instrumentados para combatir el
fenómeno han sido ineficaces en la tarea de erradicar los peores vicios de las
policías, por ello los ciudadanos no podemos confiar aún en su actuación.
Un buen ejemplo de esta
realidad es el reporte periodístico que publicamos en esta edición, relativo al
arresto de cuatro elementos de la Policía Municipal de Saltillo, acusados de
haber extorsionado a un padre de familia a quien habrían hecho víctima de un
“secuestro express”, junto con sus tres hijos menores de edad.
Los hechos ocurridos el
pasado 2 de diciembre retratan, presumiblemente, a cuatro elementos de la corporación
policial de Saltillo en el peor escenario posible (desde la perspectiva de lo
que los ciudadanos esperamos de aquellos, a quienes hemos confiado nuestra
seguridad): el aprovechamiento inescrupuloso de su posición de poder.
Por fortuna, en este
caso las presuntas víctimas reaccionaron de la única forma en que este tipo de
excesos pueden ser combatidos eficazmente y eventualmente erradicados:
denunciando lo ocurrido y poniendo en manos de las autoridades –responsables de
investigar y perseguir los delitos– el castigo de la conducta de quienes les
agredieron.
Lo que cabe esperar
ahora no es solamente la realización de una investigación pulcra y la
recreación de un juicio justo para los acusados, sino el análisis puntual de
parte de las autoridades municipales de lo ocurrido en este caso.
Y con ello no debe
entenderse sólo la investigación puntual de los hechos sino la evaluación del
proceso de selección, ingreso y permanencia de los integrantes de la Policía
Municipal, con el propósito de descubrir qué falló en el sistema, que permitió
a estos malos elementos adquirir la posición que tuvieron.
Sólo
si se realiza esta evaluación podrán corregirse los errores y lograr uno de los
objetivos más importantes de cara al futuro: que ningún ciudadano vuelva a ubicarse
en la posición de víctima del abuso policial. Porque sólo así podrá
considerarse realmente que se ha hecho justicia.
fuente.-Editorial/
(Imagen/Internet)
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