La
minuta de Ley de Seguridad Interior es cuestionada hasta por el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI).
En un posicionamiento, el organismo consideró que el artículo 9 de la propuesta de ley contraviene el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 6 de la Constitución.
"La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional y clasificada de conformidad con la ley en la materia", señala el artículo.
El INAI advirtió que dicha disposición es contraria al principio de máxima publicidad, el cual establece, por regla general, que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.
El organismo aseguró que establecer que la información generada por la aplicación de la ley será considerará de seguridad nacional implica restringir, sin análisis alguno, el acceso a dichos datos.
Además manifestó que la Ley de Seguridad Interior trasgrede los principios de temporalidad en la reserva de información y de progresividad, pues la legislación en transparencia prevé un análisis caso por caso e impide la clasificación de documentos antes de que se generen.
"Aunado a lo anterior, el INAI detectó que el dictamen de ley contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos, como el 'acciones de seguridad interior', 'acciones de orden interno', entre otros", indicó en su pronunciamiento.
En un posicionamiento, el organismo consideró que el artículo 9 de la propuesta de ley contraviene el principio de máxima publicidad, previsto en el artículo 6 de la Constitución.
"La información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley será considerada de seguridad nacional y clasificada de conformidad con la ley en la materia", señala el artículo.
El INAI advirtió que dicha disposición es contraria al principio de máxima publicidad, el cual establece, por regla general, que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, acreditando los extremos de la prueba de daño.
El organismo aseguró que establecer que la información generada por la aplicación de la ley será considerará de seguridad nacional implica restringir, sin análisis alguno, el acceso a dichos datos.
Además manifestó que la Ley de Seguridad Interior trasgrede los principios de temporalidad en la reserva de información y de progresividad, pues la legislación en transparencia prevé un análisis caso por caso e impide la clasificación de documentos antes de que se generen.
"Aunado a lo anterior, el INAI detectó que el dictamen de ley contiene conceptos que podrían considerarse ambiguos o imprecisos, como el 'acciones de seguridad interior', 'acciones de orden interno', entre otros", indicó en su pronunciamiento.
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