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En Sinaloa, por decisiones personales, los mandos de seguridad
pública son militares en activo, todos.
Y actúan como lo que son. Eso es lo que podemos, debemos
esperar.
La pregunta es qué hacemos con los camiones llenos de cadáveres
de jóvenes… Esos diecisiete cuerpos que no tienen, siquiera, nombre. Y que, nos
dicen, resultaron “abatidos” oficialmente, por balas oficiales, por un supuesto
enfrentamiento, posterior a una persecución.
Que es el argumento repetido en todos los eventos sangrientos,
violentos, donde han participado militares en este sexenio. Siempre, revisar
expedientes, son “víctimas” de presuntos criminales que los atacan y ellos
tienen que responder.
Ataques donde siempre hay un número grande de muertos. La
mayoría de parte de los presuntos criminales.
Y qué bien que sea así. O qué mal. ¿Quién va a decidirlo?
Ni siquiera es cuestión de una nueva legislación para delimitar
la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, los
militares convertidos en policías por orden superior, o por petición civil,
actúan sin cortapisa alguna.
¿Y la CNDH? ¿Y el silencio de la sociedad civil? ¿Es que millones
de mexicanos quieren alteros de cadáveres en la puerta de su casa cada noche?
¿Es que millones de mexicanos asumen que ésta es la única solución a la
violencia?
Los argumentos son muy simples. Tanto como aterradores. Los
“sicarios”, sin presuntos según la información oficial de Sinaloa, eran parte
de “bandas criminales” que azolaban a la población. Están juzgados y
sentenciados, por lo tanto, en automático.
En Sinaloa se viven tiempos complicados, tan difíciles como en
otras partes del país. Que requieren de una respuesta eficiente de la
autoridad, que garantice a la sociedad seguridad y que permita que se viva en
paz. Esto no ha sucedido. El asesinato de Javier Valdez es consecuencia de la
incapacidad oficial para instaurar un verdadero estado de derecho.
Nos dicen, como en otras partes del país, que son
confrontaciones sangrientas entre grupos criminales.
NOTA RELACIONADA:
Y que los hechos violentos, los cadáveres de Mazatlán,
demuestran que este gobierno ya capituló de todos sus compromisos respecto al
combate criminal. El más importante de éstos: privilegiar la inteligencia.
La respuesta ahora, hay que entenderlo así, será al estilo
militar de Sinaloa.
Con resultados inmediatos, eficientes, impecables de
verdadero combate… perdón, no es una guerra. Entonces, diríase, con resultados
de muertos “abatidos” por la autoridad que, todavía, no sabemos si van a traer
todavía más muertos. Y así hasta el infinito en un espiral de violencia y
muerte que parece auspiciada desde la misma autoridad.
¿Habría otra forma de combatir a criminales, de solucionar la
violencia y la impunidad? Ni usted ni yo tenemos por qué saberlo, este gobierno
nos dijo a principios de sexenio que sí, que Felipe Calderón y su “guerra”
contra el crimen organizado estaban equivocados y que ellos harían las cosas de
manera mejor y diferente.
Ahora nos dicen que mucho de la violencia se debe a un nuevo
sistema penal cuya implementación es, también, su responsabilidad.
El problema grave, gravísimo según algunos análisis, es la suma
imparable de muertos. ¿Qué hacemos con tantos cadáveres? ¿Cómo negar que
vivimos una guerra? ¿Cómo esperar que vengan visitantes a un país en guerra?
¿Cómo esperar que haya inversiones en un país en guerra?
Quién haya visto la imagen de los cadáveres amontonados en una
camioneta de redilas, balaceados, ensangrentados, rodeados de policías y
militares, tiene que pensar que vivimos una guerra.
Y si vivimos una guerra es necesario que la declaren. Y una vez
declarada formalmente, que todos, militares que es a quienes les corresponde,
salgan a la calle a ganarla. Tal vez así sabríamos que los montones de
cadáveres que vemos son los últimos…
Porque esto, no saber cuántos muertos más hay que sumar a las
listas el día de mañana es lo más grave…
Fuente.-Isabel Arvide
@isabelarvide
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