A 15 minutos de la entrada a la Ciudad de Veracruz se localiza la zona residencial Colinas de Santa Fe. Aquí, los vecinos carecen de algunos servicios básicos: tienen problemas de drenaje y las calles están en mal estado. Detrás de las casas hay un enorme terreno cercado con tres portones, todos vigilados las 24 horas, algunos incluso tienen cámaras de seguridad. En este terreno, un colectivo de más de 100 madres de jóvenes desaparecidos ha encontrado en un periodo de 9 meses y por sus propios medios más de 260 cuerpos enterrados en unas 130 fosas comunes.
Lucía Díaz, quien dirige este colectivo llamado "Solecito", habla sin miedo. En una conversación telefónica con InSight Crime cuenta que busca a su hijo, pero también a los de sus compañeras. Juntas se han convertido en buscadoras de fosas de tiempo completo. Desde hace dos años trabajan cinco días a la semana, cumpliendo un horario laboral.
"En el primer día que trabajamos yo agarraba los grumos de tierra con las manos y encontraba huesos", dice Díaz. "Estamos seguras de que aún nos faltan muchos cuerpos. No tenemos la menor duda. No sabemos cuántos y por eso no queremos dejar a nadie ahí".
Algunos de los jóvenes fueron secuestrados por grupos criminales, otros desaparecieron después de haber sido detenidos por las autoridades. Para las desoladas familias, la reacción del Estado ha sido otra fuente de angustia. Las autoridades han tenido una actuación deficiente en la búsqueda de sus desaparecidos e incluso llegan a desacreditar a las víctimas al decir que "andaban en malos pasos".
Colinas de Santa Fe es el conjunto de fosas clandestinas más grande que se ha localizado hasta ahora en México. Pero este es un problema que ha golpeado a todo el país. Por varios años, los grupos criminales han enterrado a miles de sus víctimas para evitar que sean encontradas, muchas veces en complicidad con las autoridades.
Esto se da en un contexto en el que la primera década de guerra contra las drogas ha cobrado por lo menos unas 130.000 vidas, según estimaciones, y en varias zonas del país los grupos criminales ejercen mayor control que el mismo gobierno.
Una realidad enterrada
A pesar de que descubrimientos como el de Colinas de Santa Fe son alarmantes, algunos gobiernos estatales en ocasiones los han catalogado como incidentes aislados o han respondido con un discurso de negación.
Sin embargo, si se toman las cifras oficiales, se está hablando de unas 1.143 fosas clandestinas localizadas en todo el país desde 2007, dentro de las cuales se han encontrado por lo menos 3.230 cuerpos. Además, según los registros del gobierno, hay alrededor de 30.000 personas desaparecidas.
Si bien estas cifras ya apuntan a que se trata de un problema generalizado, los activistas entrevistados por InSight Crime aseguran que estos números aún están lejos de representar la realidad.
"Solo con hacer trabajo de campo en cualquier estado del país, sobre todo en los más conflictivos, como Guerrero y Veracruz, uno se da cuenta de que hay una cifra negra altísima", dijo a InSight Crime Carolina Robledo, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien ha acompañado a varios familiares de desaparecidos.
Según Robledo, la mayoría de los casos de desaparición no son denunciados, por lo que no aparecen en los registros oficiales. Esto hace imposible dimensionar el número real de personas que podrían estar enterradas en fosas clandestinas.
Una de las principales razones por la que no se denuncia una desaparición es por miedo a exponerse a sí mismo y al resto de la familia. Por lo general, las desapariciones ocurren en lugares con amplia presencia de grupos criminales, que en algunos casos están infiltrados en estructuras gubernamentales. Varios familiares de personas desaparecidas en México han sido asesinados en represalia por sus denuncias e investigaciones. El caso más reciente fue el asesinato de Miriam Rodríguez en el estado de Tamaulipas el 10 de mayo.
"Te meten miedo [los grupos criminales]: 'no busques a tu familiar porque te vamos a chingar a todos los demás, ya los tenemos ubicados'", cuenta Mario Vergara, quien se dedica a buscar fosas clandestinas en el estado de Guerrero.
Lucía Díaz afirma que en algunos casos las mismas autoridades impiden que la gente denuncie, al asegurar a las víctimas que "no es necesario" o al no procesar la denuncia de manera adecuada.
Robledo considera que el hecho de que la gente no denuncie es, por una parte, una consecuencia de la manera insatisfactoria como ha respondido el Estado a las desapariciones. Pero por otro lado, el subregistro en las cifras permite que los gobiernos locales sigan negando el problema.
"El mismo gobierno ha creado que la gente no denuncie; desde ahí minimizan el problema", concuerda Vergara. "Ellos [el gobierno] quieren seguir enterrando la verdad".
Desenterrando a los desaparecidos
Mario Vergara forma parte del colectivo de búsqueda "Los Otros Desaparecidos de Iguala". Este grupo se formó a raíz de la desaparición de 43 estudiantes en el municipio de Iguala, Guerrero, en 2014. Fue un caso que recibió atención internacional y resaltó la incapacidad del Estado mexicano para esclarecer los hechos y encontrar a los estudiantes.
El paradero de los estudiantes aún se desconoce, pero durante su búsqueda fueron encontrados muchos otros cuerpos enterrados en los campos de Guerrero, por lo que varias personas decidieron organizarse y buscar a sus familiares desaparecidos en fosas clandestinas. El colectivo al que pertenece Mario ya ha encontrado unos 170 cuerpos desde que comenzó su búsqueda a principios de 2015.
En México existen protocolos legales que abordan el tema de la desaparición e incluso una fiscalía especializada en la búsqueda de personas. Sin embargo, los familiares están condenados a enfrentarse a una serie de barreras burocráticas, a la corrupción y a la falta de capacidad o de voluntad de las autoridades para resolver sus casos como es debido. Pasan los años y sus seres queridos no aparecen.
"El gobierno busca a nuestros familiares en una oficina, y ahí no están", cuenta Mario.
Es por eso que Mario, Lucía y otras miles de personas, que integran más de 70 grupos de búsqueda a nivel nacional, se han visto forzados a desenterrar cuerpos de fosas clandestinas con sus propios medios, con la esperanza de encontrar los restos de sus familiares.
"Nosotros vamos a los lugares donde estuvieron acampando [los grupos criminales], vamos a los lugares donde desaparecieron a nuestros familiares. Estamos haciéndolo porque las autoridades no lo hacen", concluye Mario.
Colectivos de búsqueda en Iguala, Guerrero. Video cortesía de Animal Político
Cuando Los Otros Desaparecidos encuentran una fosa, lo primero que hacen es llamar a un grupo de reporteros para que publiquen la nota. La presión de los medios de comunicación les ayuda a que el gobierno llegue al lugar de los hechos y se haga responsable de "levantar" los cuerpos.
"Los grupos de búsqueda se encargan de hacer la investigación completa", asegura Robledo. "Ubican el punto, lo exploran y escarban. Solo llaman al gobierno al momento en que se va a realizar la exhumación de los cuerpos".
Para localizar las fosas clandestinas, Mario y sus compañeros dependen, en gran parte, del apoyo de las iglesias. En Iguala, los secuestros y ejecuciones son frecuentes y muchos ciudadanos han sido testigos de inhumaciones clandestinas. Las iglesias les han ofrecido una plataforma de confianza para que proporcionen información a los grupos de búsqueda de manera anónima.
En otros casos, los colectivos de búsqueda han conseguido informantes dentro de los mismos grupos criminales, expolicías o incluso funcionarios públicos. También hay casos en los que los familiares se infiltran en los barrios donde opera el crimen organizado para obtener información.
"El gobierno no lo hace [la búsqueda] con los medios que tiene. Nosotras lo hacemos con nuestros propios medios", dice Díaz, la coordinadora del Colectivo Solecito.
El otro dolor de cabeza
Así describe Díaz el proceso de identificación de los cuerpos y la investigación de los crímenes. De todos los cuerpos que ha encontrado el colectivo de madres, solo se han identificado dos personas. Las autoridades aún no detienen nadie, pero se sabe que la policía participó en algunas de las desapariciones y que el exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz también estaba vinculado.
Griselda Barradas, del Colectivo Solecito, es madre de una de las víctimas identificadas en Colinas de Santa Fe. Video cortesía de Animal Político
El proceso de identificación genética puede durar desde seis meses hasta cuatro años. Por un lado, depende de la condición en la que se haya encontrado el cuerpo, la cual varía de acuerdo con el modus operandi del grupo criminal que haya llevado a cabo el acto. Robledo cuenta que en Veracruz, por ejemplo, la mayoría de los cuerpos se encuentran incinerados y en fragmentos; en Sinaloa, por lo general son cuerpos enteros con ropa; y en lugares como Coahuila, donde predominaron Los Zetas, se suelen encontrar solo deshechos que han pasado por mecanismos de desaparición extrema.
Por otro lado, la duración del proceso de identificación también depende de la voluntad política. Robledo considera que estos procesos no son equitativos e igualitarios, sino que obedecen a la prioridad que les dé el gobierno. Cuando llega un caso que genera ruido y que tiene la posibilidad de afectar la reputación del gobierno, este se convierte en prioridad y todos los demás casos esperan.
"Esto no permite avanzar en la investigación de un montón de casos que están desde hace años", asegura la investigadora.
A esto se le suma que hay poco personal capacitado para realizar los procesos de identificación. Joel Olvera, del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), comentó a InSight Crime que hay solo cinco laboratorios certificados en todo el país y menos de 10 antropólogos forenses en la Procuraduría General de la República (PGR). El EMAF es uno de los equipos independientes que se dedica a apoyar a los colectivos con la identificación de los cuerpos y capacita a los familiares para que puedan fortalecer sus investigaciones.
"Estos crímenes por lo general no se investigan", asegura Lucía. "Cuando sí se investigan, no se consigue un inculpado. En caso de que sí se consiga, no es procesado. Y si llegara a ser procesado, no es sentenciado".
Mario Vergara dice que él tiene todas las pruebas sobre quién secuestró y desapareció a su hermano. Tiene llamadas y grabaciones que ha compartido con las autoridades. Eso fue hace cuatro años. Hoy, todavía ninguna autoridad se ha dedicado a investigar.
"Es una impunidad rampante", dice Lucía. "Todo termina sin justicia".
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