Ante la alarma que levantó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sobre el regreso a las calles de miles de presos, ha encontrado respuestas críticas de partes de jueces en reclamo a las fallas de los mandatarios estatales en la aplicación del presupuesto que se otorgó para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Mancera, en representación de los gobernadores del país, lanzó un duro ataque en contra del nuevo Código Penal que ellos presumen ha llevado al aumento de las cifras de delitos en los últimos meses, a un año de su entrada en vigor
Para los gobernadores, el nuevo sistema ha abierto las puertas de las cárceles para que salgan libres los delincuentes debido a la presencia de un modelo "híper garantista", el cual permite a criminales de bajo impacto seguir su proceso judicial en libertad pese a ser detenidos in fraganti.
"Mientras las cárceles se vacían, las calles se llenan de delincuentes", comentan los mandatarios en voz baja, según detalla de El País.
En contraparte, jueces han respondido a los gobernadores acusándolos de malversar fondos millonarios que se les entregaron desde 2008 para alistarse ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.
Conago busca reforma al nuevo Sistema de Justicia
El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que estudian propuestas de reforma al nuevo sistema penal acusatorio, para evitar "hipergarantismo"
En total, el Estado destinó casi 15 mil millones de pesos para construir salas orales y capacitar a la policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial, sin embargo, los jueces señalan que ocho años no les alcanzaron para cumplir con dichos requisitos.
Otro de los problemas que presenta la implementación del nuevo sistema de justicia penal, según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), un 25 por ciento de los policías no sabe rellenar un informe policial y el 75 por ciento de los ministerios públicos presenta fallas graves en la recolección de evidencias.
"Tenemos un sistema judicial de primer mundo que se apoya en una policía de cuarta", indicó un magistrado citado por El País.
José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comentó que los gobernadores "no están haciendo autocrítica y echan la culpa a otros. Los jueces somos el último eslabón de la cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo único que está mal y que todo lo anterior está bien y eso es injusto e irresponsable".
El ministro agregó que "mucha gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que debían aprender cosas nuevas y nadie pensó en eso. Se creyó que el sistema penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia y que todo lo demás, por una extraña razón, se iría ajustando solo. Cosa que no ha sucedido".
A los gobernadores también les alarma la situación con las personas detenidas por portación de armas, delito que en el nuevo sistema se considera "no grave", por lo que estos delincuentes pueden seguir su proceso en libertad.
Otra preocupación es la decisión de la SCJN para permitir a los presos condenados revisar su caso de acuerdo con el nuevo código, lo que les abriría la puerta de la calle.
fuente.-LaSillaRota
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