Al menos el controvertido fiscal de Nayarit, Édgar Veytia Cambero, da los primeros datos sobre las identidades de los abatidos en el operativo de la Marina de Vidal Soberón Sanz en Tepic. Ahora sabemos que son al menos 13 muertos, y no 12, en dos eventos, entre ellos Juan Francisco Patrón Sánchez “H2” y Daniel Isaac Silva Gárate “H9”, del cártel de los Beltrán Leyva.
Extraño que la PGR de Raúl Cervantes Andrade no atraiga el caso cuando se trata de un operativo federal, con armas, incautadas a los narcotraficantes, de uso exclusivo del Ejército, pero sobre todo por el historial de Veytia Cambero, nombrado por el gobernador Roberto Sandoval, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación de Nemesio Oseguera “El Mencho” hace lo que quiere en el estado.
Según el fiscal no hay ningún menor de edad en los eventos del 9 de febrero, y todos oscilan entre los 20 y los 46 años, en dos eventos, en la colonia Linda Vista y cerca del aeropuerto; así se da parte de respuesta a la exigencia de Andrés Manuel López Obrador, quien señaló: “Eso que hicieron (la Marina en Tepic) es como si estuviésemos en una guerra. Los marinos tienen un plan de acción a partir de acciones de inteligencia; no fue así, espontáneo; ellos sabían a lo que iban; pudieron haberlos detenido vivos; no masacrarlos… deben rendir cuentas; la mayoría eran jóvenes, no tengo duda; que den nombres y edades”.
No hay duda del oportunismo político del líder de Morena, sin embargo, llena el vacío de información sobre el operativo del 9 de febrero para abatir a Juan Francisco Patrón Sánchez “El H2”, jefe de plaza de los Beltrán Leyva en Nayarit.
Comenta, a esta casa editorial, la Secretaría de Gobernación de Miguel Osorio Chong que NO tiene por qué fijar un posicionamiento, que le corresponde a la Semar, sin embargo, el almirante secretario ya dio una conferencia de prensa el lunes 13, en la que aseguró que el helicóptero artillado MI-17 NO mató a nadie y que no hubo bajas menores de edad.
Pero no deja de ser una versión parcial no por dudas sobre la calidad moral; simplemente, en los hechos, los marinos son juez y parte, y no todas las versiones de las Fuerzas Armadas en sus operativos resultaron las reales; ejemplos sobran; el más emblemático es el caso Tlatlaya-Estado de México.
Y a pesar de la intervención de la autoridad ministerial de Nayarit, es irrenunciable la versión del Ministerio Público Federal, que a diferencia de la Segunda Visitaduría de la CNDH, a cargo de Enrique Guadarrama, se soporta en una estructura de investigación con peritos y agentes que pueden dar claridad e imparcialidad a los hechos.
El vacío de información dio espacios para la sospecha en la antesala del debate de la Ley de Seguridad Interior, fuertemente criticada, el martes, por organizaciones de la sociedad civil, como México Unido Contra la Delincuencia, de Juan Francisco Torres Landa, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, el CIDE y la politóloga Denise Dresser, entre otros, quienes exigieron frenarla; incluso, demandan el análisis de la base de datos de violaciones a los derechos humanos.
En la misma posición está el ombudsman Luis Raúl González Pérez, quien pidió detener la reforma trascendente hasta profundizar en su análisis y consecuencias: “Yo pediría que se aplazara al tiempo, en que todas las voces puedan ser escuchadas y que la precipitación no nos haga incurrir, realmente, en una legislación que no sea la apropiada… más vale prudencia para llegar a una buena legislación que determine exactamente cuál es el rol y participación de cada ente, el ámbito civil, el ámbito militar“.
La difusión de los videos por la Semar tomó por sorpresa a funcionarios federales relacionados con el tema, sobre todo en los días en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y agencias de noticias norteamericanas difundieron la llamada al Presidente Enrique Peña Nieto donde se propuso el envío de tropas del Ejército de EU a México.
No pueden darse mejores condiciones para el escenario de sospecha: La amenaza de Trump por la “incapacidad” de las Fuerzas Armadas de México para combatir a los “bad hombres” y la presión del Ejército y la Marina para aprobar la Ley de Seguridad Interior. Por supuesto, este escenario está puesto para el lucro político.
Fuente.-twitter: @hugopaez
Capturarlos vivos para que cumplan condena de 10 años ? si es que no se les caia el caso y salian libres a la primera. Ya parece de derechos humanos el Peje loco
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