Danny Dalton, exagente de la DEA asignado a la Embajada de Estados Unidos en San Salvador entre 2002 y 2004 no se guarda palabras. Las bandas de narcotraficantes en Centroamérica, dice, no hubieran podido desarrollarse como lo han hecho sin el favor de autoridades locales corruptas a los que gobiernos estadounidenses han tolerado.
“Cuando ves que estas organizaciones crecen y empiezan a moverse entre fronteras es porque esas autoridades corruptas lo permiten, o porque Estados Unidos no está haciendo su trabajo”, dice Dalton en una entrevista con InSight Crime.
El exagente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus iniciales en inglés) lideró investigaciones contra la el narcotraficante guatemalteco Byron Berganza y la banda salvadoreña Los Perrones mientras estuvo destacado en la embajada de Estados Unidos en San Salvador. Fue él quien inició la investigación a José Natividad Luna Perera, alias “Chepe Luna”, uno de los líderes de Los Perrones que logró penetrar a la Policía Nacional Civil salvadoreña a los más altos niveles.
En 2004, cuando la DEA, la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus iniciales en inglés) y autoridades salvadoreñas trabajaban en investigaciones sobre Los Perrones, la connivencia de Ricardo Menesses, el entonces director de la PNC, evitó la captura de Los Perrones. Entonces ya los estadounidenses sospechaban que la infiltración de la bandaincluía al gobierno del presidente Antonio Saca.
“Estos grupos contribuyeron con dinero en campañas políticas, en campañas presidenciales. Hay mucha información sobre esto. Y a mí me gustaría es señalar la responsabilidad de Estados Unidos en todo esto…”, dice Dalton al respecto.
Está bien documentado, tal como lo ha publicado InSight Crime, que al menos dos miembros de Los Perrones, el contrabandista Élmer Medrano Escobar y Reynerio de Jesús Flores Lazo, entregaron dinero a Herbert Saca en 2004, durante la campaña electoral de Antonio Saca, candidato a la presidencia por el partido ARENA. Documentos del registro de comercio salvadoreño prueban que Herbert Saca recibió, en junio de 2004, US$228.571,42 de M&M Importaciones, propiedad de Medrano. Uno de los lugartenientes de Flores Lazo ha dicho que su familia entregó a Adolfo Tórrez, líder de ARENA y miembro del comando Saca, al menos US$123.000 durante la campaña.
El exagente se queja, por ejemplo, de los pocos recursos asignados a las agencias de aplicación de la ley que trabajan con autoridades locales, pero también de la falta de voluntad política de su gobierno para investigar, procesar y encarcelar a narcotraficantes y los funcionarios públicos que los protegen.
Hoy, Dalton ha vuelto a Centroamérica como consultor particular en una investigación liderada por el sindicato estadounidense de los Teamsters para que la fiscalía salvadoreña reabra el caso del asesinato del sindicalista salvadoreño-americano Gilberto Soto, asesinado por pandilleros a sueldo en 2004.
El exoficial insiste en que casos como Los Perrones, el de Soto, o el más reciente delCartel de Texis y de uno de sus líderes, el empresario José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, no son investigados a fondo por la corrupción de las autoridades locales y, en buena parte, por la desidia estadounidense.
Chepe Diablo fue nombrado capo internacional del narcotráfico en 2014 por la administración Obama en Washington. A la fecha, sin embargo, ni las autoridades estadounidenses ni las salvadoreñas han hecho prosperar investigaciones contra el empresario. En El Salvador, de hecho, la Fiscalía General, cuando era dirigida por el abogado Luis Martínez (2012-2015), decidió archivar un caso de lavado de dinero contra Salazar Umaña a pesar de que el Ministerio de Hacienda había encontrado fuertes indicios de que él y sus empresas estaban involucradas en ese tipo de delito.
“Lo que sé es que Obama designó a Chepe Diablo como capo internacional del narcotráfico, y no se llega a esa conclusión sin que haya suficiente información al respecto. ¿Cómo es posible que si lo designaste capo en dos años no lo hayás acusado de algo?”, se pregunta Dalton.
Análisis de InSight Crime
Las declaraciones de Danny Dalton se añaden a múltiples voces que, en Estados Unidos y Centroamérica, reclaman porque las política públicas de Washington en torno al combate al narcotráfico en América Latina no prestan suficiente atención a Centroamérica, y porque cuando lo hacen no toman en cuenta la importancia que autoridades locales corruptas han tenido en el crecimiento de las principales organizaciones de narcotraficantes.
El Departamento de Estado, en sus informes anuales sobre actividades relativas a las drogas en el mundo, sí ha señalado a la corrupción y la impunidad como dos de los principales motores de la violencia y el crimen organizado que ha hecho del istmo, y sobre todo de su llamado Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), una de las regiones más violentas del mundo.
Sin embargo, esas declaraciones, de acuerdo a la visión de Dalton, no se corresponden con las acciones del gobierno estadounidense en el terreno. El exagente se queja, por ejemplo, de los pocos recursos asignados a las agencias de aplicación de la ley que trabajan con autoridades locales, pero también de la falta de voluntad política de su gobierno para investigar, procesar y encarcelar a narcotraficantes y los funcionarios públicos que los protegen.
“La corrupción en estos países es en parte porque Estados Unidos no hace su trabajo: Estados Unidos puede acusar a narcotraficantes o a oficiales corruptos que están ayudando a traer droga a este país o a lavar el dinero que sale de esas operaciones. Estados Unidos puede acusar a esas personas, ¿por qué no lo hace? ¡Yo sé quiénes son! ¡Tú sabes quiénes son! ¡Ellos saben quiénes son! Pero nadie hace nada.”, dice Dalton.
Actualmente, Estados Unidos apoya dos iniciativas anticorrupción en el Triángulo Norte. La más exitosa es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que Estados Unidos contribuyó a crear y financiar. Y en Honduras, a través de la Organización de Estados Americanos, Washington aporto fondos para la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). En El Salvador, sin embargo, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén y los últimos dos fiscales generales han dicho que una comisión similar no es necesaria.
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