Fue el 28 de junio de 1996 cuando el Ejército Popular Revolucionario (EPR) irrumpió por vez primera ante la opinión pública, lo hizo en el paraje de Aguas Blancas al cumplirse el primer año de la masacre de 17 campesinos a manos de la Policía Motorizada y la Judicial del estado de Guerrero.
Días después la secretaría de la Defensa Nacional creó un cuerpo especial llamado Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), que se encargó de generar reportes de inteligencia, ubicar a los guerrilleros, infiltrarlos, y desarticular sus células con las que inició sus operaciones.
Tras 20 años de su aparición como grupo armado, el EPR está considerado como una “guerrilla acotada”, cuyo discurso ideológico no se ha alejado de la línea radical, y sigue presente por medio de sus comunicados fijando posiciones alrededor de los movimientos sociales.
Tras 20 años de su aparición como grupo armado, el EPR está considerado como una “guerrilla acotada”, cuyo discurso ideológico no se ha alejado de la línea radical, y sigue presente por medio de sus comunicados fijando posiciones alrededor de los movimientos sociales.
Semanas después del 28 de junio de 1996, cuando apareció un grupo guerrillero autodenominado Ejército Popular Revolucionario (EPR), comenzaron una serie de ataques “sistemáticos” contra tropas del ejército, fuerzas policiacas e instalaciones de Pemex. Por esos días circularon comunicados donde se anunciaba que estaba en marcha una ofensiva guerrillera contra el Estado, tras los sucesos del vado de Aguas Blancas, en el municipio de Coyuca de Benítez, donde policías del estado de Guerrero acribillaron a 17 campesinos y dejaron heridos a 23, que se dirigían a una manifestación en la cabecera municipal.
La secretaría de la Defensa Nacional, encabezada entonces por el general Enrique Cervantes Aguirre, ordenó la conformación del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB), dependiente de la sección segunda, inteligencia militar, del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Al frente fue nombrado un experimentado militar en este tipo de misiones, un general brigadier cuya identidad se mantiene a la fecha en reserva.
Del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB) dependían numerosas células de agentes de inteligencia militar que fueron desplegados en los estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Hidalgo, Michocán y Estado de México. Su misión era ubicar líderes combatientes, casas de seguridad y campos de adiestramiento del grupo armado, dice una fuente militar que pidió reservas sobre su identidad.
Desde su origen el adoctrinamiento ideológico del EPR ha sido de corte radical. Porque a diferencia del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) que busca el cambio del sistema político por la movilización de línea de masas, el EPR lo busca por medio de la lucha armada, añade esta fuente del área de inteligencia militar.
Recuerda que en aquellos meses hubo resultados en poco tiempo. Uno de los detenidos que aportó información que ayudó a desmantelar casas de seguridad en varios estados fue Andrés Tzompaxtle Tecpile, alias “comandante Rafael”, detenido el 25 de octubre de 1996 en Zumpango del Río, un municipio cercano a Chilpancingo, Guerrero.
Meses después, en abril de 1997 el EPR realizó una conferencia de prensa en las montañas guerrerenses donde informó que Andrés Tzompaxtle estuvo detenido en la base militar de Cumbres de Llano Largo, sede de la comandancia de la novena región militar en Acapulco, que abarca el estado de Guerrero. Después fue llevado al Campo Militar de San Juan Teotihuacán, en el Estado de México, donde escapó el 22 de febrero de 1997. Desde entonces volvió a la clandestinidad.
En su momento la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), denunció en el expediente 121/96/GRO/8185 la detención arbitraria, las lesiones y la tortura a la que fue sometido en instalaciones militares Andrés Tzompaxtle. Mientras estuvo en poder del ejército permaneció esposado de manos y pies, vendado de los ojos, “sometido a sesiones de toques eléctricos en todo el cuerpo, colocándole bolsas de plástico en la cabeza para asfixiarlos, e introduciéndole “agua de tehuacan” por boca y nariz, propinándole además golpes con las palmas de las manos en los oídos y colgándolo del cuello al grado del ahorcamiento, y golpizas constantes entre otras vejaciones”.
El “comandante Rafael” del EPR estuvo recluido cuatro meses en el Campo Militar 37-A de San Juan Teotihuacán, recuerda esta fuente militar. Escapó una noche gracias al descuido de un capitán a quien le dejó las esposas que lo aprisionaban prendidas a una litera. “Rafael”, quien muchas veces se negaba a comer, estaba sumamente delgado que logró liberar su muñeca de las esposas y huyó. “Probablemente salvó su vida”.
Golpe en El Charco, Guerrero
El suceso que probablemente desembocó en el control del EPR fue la masacre de 11 de sus milicianos en el poblado indígena de El Charco, en el municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. Ocurrió la madrugada del 7 de junio de 1998, para esas fechas el Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB) ya tenía ubicado un buen número de integrantes del EPR, con más de 50 militantes identificados en ese lugar.
“Todo fue gracias a un agente militar originario de esa región y que se infiltró, se obtuvieron datos precisos sobre su ubicación que llevó a las tropas de 78 de infantería a un combate con toda la información que le proporcionó ventaja tácticas sobre el enemigo”, señala esta fuente.
El Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB) lo controla directamente inteligencia militar, la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa. Su trabajo es parecido pero a diferente nivel del que realizan los Grupos de Análisis de Orden Interno (GAOI), que están controlados por los mandos militares en las comandancias de zona y de región en las entidades mencionadas. Éstos también reportan su información a la sección segunda del Estado Mayor de la Defensa.
“Del EPR se tiene información de sus tácticas, líderes, áreas de influencia, financiamiento, etc. Se puede decir que es un grupo armado acotado y permanentemente vigilado. De ahí que el poder de fuego y la sorpresa que en un principio tuvieron, hoy en día se reduzca a la propaganda política”, señala.
El EPR se integró en sus inicios con ex guerrilleros del Partido Obrero Clandestino Unión del Pueblo (PROCUP), Partido de los Pobres (PDLP), Acción Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), Unión del Pueblo (UP) y otras organizaciones de corte radical fundadas en Guerrero a finales de los años sesenta y principios de los setenta.
Un asesor del Agrupamiento Especial de Búsqueda (AGESEB) llegó a ser en su momento el general Mario Arturo Acosta Chaparro Escápite, quien dentro del ejército se le consideró un especialista en acotar grupos guerrilleros. Traía sus “credenciales” por su actuación en los años 70 contra de la guerrilla de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez Rojas.
Oaxaca ayer y hoy
Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya fueron vistos por última vez en Oaxaca el 25 de mayo del 2007, cuando fueron detenidos por fuerzas de seguridad sin que a la fecha se conozca su paradero. La desaparición de los dos integrantes del EPR, desató una campaña de ONG´s y organizaciones civiles por su presentación donde el principal sospechoso de estar detrás del suceso fue el general de división Juan Alfredo Oropez Garnica, en ese entonces comandante de la octava región militar en Oaxaca.
Oropeza era el comandante de la 27 zona militar, con cuartel en Atoyac, Guerrero, cuando en junio de 1998 tropas bajo su mando irrumpieron en la comunidad del Charco, donde se dio la masacre de 11 personas vinculadas al EPR.
Cuando en 2007 se dio la detención de los dos eperristas, la reacción vino en el mes de julio de aquel año cuando al menos ocho explosiones en ductos de Pemex se presentaron en Guanajuato, Querétaro y en los límites de Puebla y Veracruz. El EPR tras adjudicarse los atentados, culpó el general de Oropeza de tener a sus dos militantes sometidos a tortura física en instalaciones militares de Oaxaca y exigió presentarlos ante la autoridad.
Hace unos días el EPR emitió un comunicado sobre los hechos sangrientos ocurridos el domingo 19 de junio del 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, donde una protesta del magisterio disidente reprimida por la Policía Federal y la Gendarmería, dejó un saldo de ocho muertos, un centenar de heridos y decenas de pobladores detenidos.
Con su característica retórica el EPR acusó a “diversas voces y plumas mercenarias al servicio de los órganos de inteligencia, la oligarquía y el Estado burgués mexicano” de realizar “ingentes esfuerzos para apuntalar la hipótesis policiaca de “los infiltrados” y “la provocación”, para tratar de justificar la represión y eludir la responsabilidad de los cuerpos policiacos en sus diversas estructuras y mandos, tratan por todos los medios de exculpar al Ejecutivo federal, estatal y municipal en el cometido de este crimen de Estado”.
Añade el comunicado: “En sesudos “análisis” de columnistas, comentaristas y “analistas” de radio y televisión, buscan desesperadamente encontrar los “vasos comunicantes”, “las ligas”, los “vínculos”… de los “grupos radicales de origen guerrillero” en lo general y en específico del EPR con la CNTE y lo acontecido en la masacre de Nochixtlán”.
Tras señalar a varios columnistas de diarios capitalinos y algunos comentaristas de radio y televisión de hacer eco a estas hipótesis, el EPR va de nuevo contra el gobierno “burgués” a quien acusa junto a la “oligarquía” financiera del país, de promover la represión contra las protestas magisteriales y acallar a los movimientos sociales. Veinte años después, el EPR sigue en la misma órbita.
Fuente.-
Juan Veledíaz
@velediaz424
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